Este artículo ha sido escrito conjuntamente por siete juristas guatemaltecas — Claudia González Orellana, Flor de María Gálvez, Eva Siomara Sosa Pérez, Samari Carolina Gómez Díaz, Joseline Jácome, Paola Escobar y Dulce Daniela González Santos*— que han ejercido como fiscales, juezas o abogadas en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. A lo largo de sus trayectorias, comparten una experiencia común: haber sido objeto de persecuciones penales, presiones o campañas de desprestigio debido a su compromiso profesional. Reunidas en este texto, dan testimonio de las consecuencias humanas, familiares y profesionales de esta criminalización, al tiempo que denuncian los ataques a la independencia judicial y al Estado de derecho. Su palabra colectiva es a la vez un acto de memoria, de resistencia y de solidaridad feminista frente a la violencia institucional.
1. Cuéntenos sobre la opresión que ha sufrido y las violaciones a sus libertades, y bajo qué circunstancias.
1.1 Contexto político, opresión social y libertades vulneradas
La opresión y las violaciones a las libertades que enfrentan las mujeres en Guatemala constituyen fenómenos estructurales, desarrollados históricamente y que derivan de un sistema de relaciones desiguales de poder que sostiene un orden social, patriarcal y excluyente. Esto se manifiesta a través de múltiples formas de violencia sistemática, que van más allá de actos individuales y se transforman en prácticas institucionales, normativas y discursos públicos.
La captura institucional y la reconfiguración del aparato estatal se han encaminado en limitar derechos y reforzar concepciones conservadoras sobre la libertad, la autonomía y el rol de las mujeres en la sociedad. En el contexto de regresión democrática, el ascenso y consolidación de corrientes políticas de extrema derecha han sido elementos clave para perpetuar la desnaturalización de las instituciones.
Bajo estas circunstancias, el ejercicio del poder busca regular, controlar y disciplinar la vida de las mujeres, limitando sus libertades y perpetuando la desigualdad, impunidad, subordinación y violencia de género. Para ello se utilizan mecanismos de coerción directa, políticas públicas, decisiones judiciales y estatales[1].
La criminalización de mujeres en Guatemala conlleva una carga histórica, directamente relacionada con el conflicto armado interno (CAI) en el país. Se configura como una consolidación de elementos patriarcales, políticos y sociales junto con las causas económicas, políticas, ideológicas, religiosas y étnicas que por 36 años sostuvieron el conflicto armado[2].
El CAI dejó repercusiones graves en la población, ya que por décadas se padecieron asesinatos, ejecuciones extrajudiciales individuales y colectivas, desapariciones forzadas, hechos de tortura, violencia sexual, reclutamiento forzoso, secuestros, adopciones ilegales entre otros. La violencia sexual fue utilizada como un elemento de las operaciones psicológicas, para diezmar la voluntad de la población civil e infringir temor, así mismo, para controlar territorios y desintegrar lazos sociales y familiares, utilizando el cuerpo de la mujer como campo de batalla política. El impacto para las víctimas sobrevivientes fue espiritual, social y físico, al punto en el que fueron estigmatizadas dentro de sus propias comunidades, a pesar de los crímenes atroces que tuvieron que enfrentar[3].
A pesar de que en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz como un punto de partida para la reconstrucción de la democracia, el conflicto dejó una sociedad dividida, sin justicia y aún a la espera de la reparación y garantías de no repetición[4].
1.1.1 Creación de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG y trabajo realizado
La sociedad civil realizó varios esfuerzos para que, en el año 2006, diez años después de la firma de los Acuerdos de Paz, en el gobierno del presidente Oscar Berger se solicitara a las Naciones Unidas la creación de una estrategia para alcanzar los objetivos pendientes relacionados con la Paz en Guatemala. Para ello, se estableció una iniciativa que ayudará a las instituciones guatemaltecas a investigar, enjuiciar y desmantelar redes poderosas y criminales del posconflicto[5].
Para ello, el mecanismo se especializó en la investigación de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) que cometían delitos que afectaban derechos humanos fundamentales[6] de los ciudadanos en Guatemala. Los parámetros de actuación se establecieron por medio de la suscripción de un Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, mismo que fue discutido y aprobado por el Congreso de la República.
A raíz de lo anterior, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se instaló en el año 2007, como un órgano independiente, de carácter internacional, cuya finalidad era apoyar y coadyuvar al Ministerio Público y al Estado de Guatemala. De igual forma, se le dio la facultad de proponer políticas públicas, reformas legislativas, judiciales e institucionales. Resultado de estas propuestas se crearon: La Ley contra la Delincuencia Organizada, Reformas a la jurisdicción de los tribunales de mayor riesgo, entre otros[7].
Para lograr los objetivos de CICIG, el ente encargado de la persecución penal creó la Unidad Especial de Fiscalía Adscrita a la CICIG (UEFAC) y posteriormente se denominó Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala de conformidad con el Acuerdo de la fiscalía general número 26-2008 de fecha 27 de marzo de 2008[8].
La CICIG apoyó investigaciones de corrupción que resultaron en acusaciones en contra de diversos actores y figuras políticas y de poder en Guatemala. Por ejemplo, el expresidente y vicepresidente de Guatemala[9], el procesamiento de varias funcionarias/os del gobierno de alto rango, magistradas/os de la Corte Suprema de Justicia[10], dos expresidentes[11], miembros del Congreso y ministros del gobierno; la investigación y condena de juezas/ces[12] vinculados con casos de corrupción, agentes de policía, y la detención de narcotraficantes poderosos.
En la investigación de estructuras criminales, se realizó un trabajo integral entre el personal de la FECI y el apoyo de la CICIG. La mayoría de los casos presentados se conocieron en Juzgados de Primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Mayor Riesgo[13]. Los y las juezas encargadas de las judicaturas fueron criminalizados a causa de su participación en la lucha contra la corrupción[14].
1.2 Actores responsables y respuesta frente a la opresión
1.2.1 Acciones para lograr la expulsión de CICIG y cooptación de las instituciones
En el año 2016, fue electo como presidente Jimmy Morales[15], quien en conjunto con políticos y empresarios que fueron objeto de investigaciones por corrupción, decidieron implementar un mecanismo para desplazar a la CICIG y a las personas operadoras de justicia encargadas de las investigaciones. Así, a principios de 2017, este grupo de empresarios y miembros del gobierno de Jimmy Morales se unieron y firmaron un acuerdo con una empresa de cabildeo en Estados Unidos, con el objetivo de remover a la CICIG sin que esto les afectara negativamente su imagen pública, a pesar de que esta organización había llevado a juicio a dieciséis representantes del CACIF[16].
En seguimiento a las acciones realizadas, en el año 2019, el entonces presidente Jimmy Morales cancela el Acuerdo en el que se establecía la existencia de la CICIG. Finalizando de esta manera el trabajo de la Comisión, misma que emitió un informe final en el que se describieron las investigaciones y hallazgos realizados durante la vigencia del Acuerdo[17].
De la misma manera, cabe destacar que durante los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) se crearon políticas para generar estigmatización y “muerte civil” a las personas trabajadoras y trabajadores de la CICIG y FECI, lo que implicó negarles la oportunidad de trabajar en instituciones del Estado o en muchos casos, también en la iniciativa privada. Igualmente, el gobierno ordenó que le fuera negado cualquier tipo de apoyo a las y los fiscales que estaban siendo criminalizados, ya que por lo menos en dos años no pudieron conseguir empleo algunas personas[18], ya que haber trabajado luchando contra la corrupción, representó una enorme desventaja en su hoja de vida.
Esto afectó gravemente a las mujeres ex mandatarias de CICIG y ex operadoras de justicia de FECI, a quienes, tras el final del mandato de la CICIG en 2019, les iniciaron procesos de persecución y criminalización por parte de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) como el brazo operador para la criminalización.
Los fundadores de la FCT[19] desvirtuaron los objetivos originales de la organización. En lugar de promover los derechos humanos, su actuación se ha centrado en los siguientes puntos: a) Se oponen sistemáticamente a que exmilitares enfrenten juicios por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. b) Han instaurado una narrativa de confrontación y violencia contra quienes consideran opositores o disidentes que afectan sus intereses. c) Ataques de género: Su agresividad se intensifica particularmente contra las mujeres que participaron en la lucha contra la corrupción, empleando actitudes violentas y misóginas, con el uso de sobrenombres para referirse a ellas.
Es importante también mencionar que las juzgadoras que llevan a su cargo el control jurisdiccional de casos de criminalización y que resuelven conforme a derecho y no conforme a las peticiones ilegitimas de la FCT, son atacadas en las redes sociales de cuentas conocidas como Netcenter, con el objetivo de presionarles amenazándolas de presentarles antejuicio y que resuelvan conforme a su discrecionalidad. Ejemplo: Tribunal de Sentencia que dio medidas sustitutivas a José Rubén Zamora.
Durante el gobierno de Alejandro Eduardo Giammattei, 2020-2024, no hubo cambios en la forma de gobierno y se continuó con las acciones para debilitar el trabajo de la FECI. Aun así, continuaron investigaciones relacionadas con actos de corrupción.
A pesar de la eficacia procesal demostrada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y las judicaturas de Mayor Riesgo[20]en la judicialización de estructuras de corrupción estatal, así como de su legitimidad internacional, se observó una estrategia de obstrucción sistemática caracterizada por dos ejes:
- Interferencia Administrativa: Presiones constantes orientadas al desplazamiento del Fiscal de Sección de la FECI para apartarlo del control de expedientes de alto impacto.
- Hostigamiento Jurídico: Un incremento exponencial de solicitudes de antejuicio y acciones de criminalización contra jueces de Mayor Riesgo, con el fin de vulnerar su independencia judicial, así como de ataques a través de cuentas conocidas como Netcenter, en las redes sociales.
A raíz de la salida de la CICIG las acciones para lograr la cooptación de las instituciones del Estado no cesaron. A partir del año 2020, en los diversos procesos de elección, se realizaron acciones para influir de manera directa o indirecta en la criminalización de operadores y operadoras de justicia. Por ejemplo, derivado de la investigación del caso denominado Comisiones Paralelas 2020[21], la fiscal general, María Consuelo Porras, presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad[22], en la que solicitó la suspensión de la elección en el Congreso de la República por los vicios en el proceso de las comisiones de Postulación para Magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones. El amparo le fue otorgado de manera provisional por lo que el Pleno del Congreso no podría elegir magistrados hasta que fuese emitida una resolución definitiva[23].
Esto desencadenó en que las investigaciones a funcionarios corruptos involucrados con los magistrados se detuvieran para posteriormente, se realizarán cambios drásticos en las jefaturas del Ministerio Público. Uno de los cambios fue el nombramiento de Ángel Arnoldo Pineda Ávila[24], quien se desempeñaba como secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación en Ministerio Público, como secretario general del Ministerio Público.
1.2.2 Aumento de la criminalización de personas Operadoras de Justicia.
A partir del 2021, por parte de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, se realizan cambios estructurales en la FECI, con lo cual se destituye al fiscal de Sección Juan Francisco Sandoval Alfaro y en su lugar se nombra a José Rafael Curruchiche. Se inicia una serie de investigaciones contra fiscales de la FECI, magistradas de la Corte de Constitucionalidad, juezas y abogadas y se utiliza el sistema penal como una herramienta de castigo y escarmiento para todas aquellas personas operadoras de justicia que lucharon contra la corrupción.
El 16 de mayo de 2022, el presidente Alejandro Giammattei, nombró nuevamente como fiscal general a Consuelo Porras y jefa del Ministerio Público, con lo cual aumentaron los procesos penales arbitrarios contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadoras de justicia[25].
La criminalización y la privación arbitraria de la libertad es un patrón constante al que están expuestas las personas defensoras de derechos humanos, particularmente desde la cooptación de las instituciones del Estado. Sin embargo, es importante resaltar la violencia a la que están expuestas las mujeres ya que del total de personas operadoras de justicia criminalizadas, al menos 24 son mujeres, de las cuales, 8 han sido sometidas a una prisión preventiva arbitraria[26], y en condiciones violatorias a derechos humanos.
1.3 Consecuencias personales, sociales y profesionales.
El impacto de la criminalización va mucho más allá del ámbito personal, laboral y profesional, claramente se pone en la mira de la sociedad a una persona de manera negativa, lo cual genera críticas sobre su desenvolvimiento como profesional y como trabajadora. Se generan condiciones para que se le estigmatice y con ello se afecta su honorabilidad, no solamente por los hechos que se le sindican, sino de toda su trayectoria como profesional del derecho, especialmente en el caso de las mujeres, que han tenido que abrirse camino en una carrera históricamente dominada por hombres. Lo cual también causa incertidumbre para todas aquellas niñas y jóvenes que quieren aportar a la lucha de justicia en su país.
Durante los últimos años se ha implementado una estrategia sistemática de deslegitimación dirigida contra las personas que integraron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Esta campaña de desprestigio presenta características propias de los mecanismos patriarcales de control y silenciamiento, particularmente cuando se dirige contra mujeres operadoras de justicia que desafiaron las estructuras tradicionales de poder.
La construcción discursiva desplegada busca invertir los roles de víctimas y victimarios, presentando a las estructuras criminales investigadas —históricamente masculinizadas y vinculadas a redes de poder político y económico— como sujetos vulnerados por un sistema « persecutorio ». Paralelamente, se criminaliza a quienes ejercieron funciones de investigación y persecución penal, especialmente a las mujeres fiscales, abogadas, juezas y magistradas que rompieron con los códigos de silencio y complicidad que tradicionalmente han protegido la corrupción institucionalizada.
Esta narrativa de descrédito adquiere matices específicos cuando se dirige contra mujeres en posiciones de autoridad judicial. Las órdenes de aprehensión emitidas contra operadoras de justicia se fundamentan en tipos penales como abuso de autoridad, revelación de información confidencial o reservada, incumplimiento de deberes, asociación ilícita, tráfico de influencias y obstrucción de justicia. La selección de estas figuras delictivas no es casual: reproduce estereotipos de género que históricamente han cuestionado la capacidad de las mujeres para ejercer poder legítimamente, sugiriendo que cuando una mujer ocupa espacios de toma de decisiones en el ámbito judicial, necesariamente « abusa » de su posición.
Este fenómeno constituye una manifestación de violencia institucional. Las mujeres operadoras de justicia que investigaron casos de corrupción enfrentan no solo persecución penal, sino también campañas específicas de desprestigio que apelan a descalificaciones basadas en su género, cuestionando su profesionalismo, integridad moral y capacidad técnica de manera que raramente se aplica a sus pares masculinos.
La estrategia discursiva empleada pretende instalar en el imaginario colectivo la idea de que quienes combatieron la corrupción ejercieron una « justicia selectiva » motivada por intereses espurios. Esta inversión simbólica busca reposicionar a las élites corruptas —mayoritariamente masculinas— como víctimas de un sistema supuestamente arbitrario, mientras transforma a las defensoras de la legalidad en perpetradoras de injusticias.
Desde una perspectiva feminista del derecho, esta reconfiguración narrativa debe analizarse como parte de un continuum de violencias que enfrentan las mujeres que desafían estructuras patriarcales de poder. La persecución judicial contra operadoras de justicia no constituye únicamente un ataque a la independencia judicial, sino también una forma de adoctrinamiento de género dirigida a desalentar la participación de mujeres en espacios de poder donde pueden cuestionar y desarticular redes de corrupción históricamente controladas por hombres.
La criminalización de estas profesionales del derecho representa, además, un mensaje intimidatorio para otras mujeres en el sistema de justicia: permanecer en los márgenes establecidos por las estructuras de poder o enfrentar represalias que incluyen el exilio, la destrucción de su reputación profesional y la afectación a sus núcleos familiares.
La criminalización impacta el ámbito laboral, económico, social y emocional pues genera costos no previstos, la pérdida de empleo, y dificulta la obtención de nuevas fuentes de trabajo y de generación de ingresos, implica que los bancos del sistema congelen las cuentas bancarias por el hecho de estar ligada a proceso, lo que no ocurrió a funcionarios que fueron ligados a proceso en otros casos.
El impacto negativo que ha generado en cada una de las familias de las mujeres criminalizadas quienes han tenido que separarse de sus familias ya sea por el desplazamiento hacia otros lugares, pero también por la separación que se genera al colocar sin motivo a una mujer en prisión por un período prolongado de tiempo durante el cual pierden el contacto con su entorno familiar, afectando especialmente a las mujeres madres que se vieron obligadas a dejar el cuidado de sus hijos menores, y en algunos casos bebés.
Emocionalmente genera incertidumbre por la manera en cómo se manejan los casos pues no se permite el acceso a la información que se genera, se utilizan nuevos casos para evitar la obtención de beneficios como medidas sustitutivas a la prisión lo cual genera también desconfianza en el sistema de justicia. Asimismo, cabe recalcar que un denominador común en todos estos casos consiste en la violencia y acoso digital que se ha generado por parte de cuentas en redes sociales, donde se puede visualizar mayor agresividad en los procesos donde hay mujeres implicadas, haciendo referencia a su físico, a falta de capacidades, y lanzando múltiples amenazas.
2. ¿Cómo percibe usted la vulneración de sus propios derechos y libertades bajo el ascenso de la extrema derecha y las amenazas a la condición de las mujeres en Guatemala y en todo el mundo?
Con el objetivo de obtener un panorama más integral respecto a las consecuencias y retos, derivados del crecimiento de la extrema derecha, diferentes mujeres criminalizadas por su labor como operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos relatan la preocupación que generan estos hechos en Guatemala. De igual forma, narran experiencias personales referentes a la persecución penal selectiva, la amenaza a los derechos fundamentales y la incidencia de la violencia basada en género en los procesos de criminalización de las mujeres.
La abogada y ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Eva Siomara Sosa Pérez[27], indica «…la primera vulneración fue la autocensura, ya que en 2018 me vi obligada a cerrar las redes sociales porque recibí ataques, principalmente por Twitter ahora X, de parte de la Fundación Contra el Terrorismo y otras cuentas, en las que me amenazaban de ser capturada.»
«Posteriormente a eso, viví la incertidumbre, desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2022, ya que, por las amenazas de ser capturada, tuve que pernoctar en diferentes casas de familiares y amigos.»
«Desde noviembre de 2021, aun trabajando en el MP, sufrí amenazas en contra de mi libertad personal, como consecuencia de no acceder a solicitudes contrarias a derecho, en las que se me requería aceptar cargos y brindar declaraciones falsas. En virtud de ello, renuncié en febrero de 2022. A pesar de llevar más de 12 años trabajando en el MP, fui detenida por 22 días. Tras mi excarcelación, también perdí mi trabajo como docente universitaria.»
«En el desarrollo del proceso en mi contra, hubo vulneración al debido proceso ya que estuve detenida 22 días, sin que se hubiera desarrollado de forma integral la audiencia de primera declaración. La falta de garantías procesales, el encierro total y régimen de aislamiento que se me impuso en prisión, la persecución y nuevas órdenes de captura me obligaron a exiliarme en México.»
«En el exilio he sufrido, a pesar de tener algunas oportunidades de estudiar, es muy complicado cubrir las necesidades básicas y no alcanza para cumplir con los compromisos y responsabilidades que aún permanecen en Guatemala. De igual forma sufrí la pérdida de los nexos familiares con mis tres hijos, hermanos y mi madre.».
La abogada, ex mandataria judicial de CICIG, Flor de María Gálvez, expresa: «Como mujer, abogada y guatemalteca en el exilio, percibo la vulneración de mis derechos no sólo como un atropello jurídico, sino como un ataque deliberado a mi autonomía y existencia. El ascenso de las narrativas de extrema derecha ha instrumentalizado el sistema judicial para castigar nuestra participación en la vida pública, transformando la justicia en una herramienta de persecución política con un marcado sesgo de género.»
«Mi vida cotidiana ha pasado de la defensa de la legalidad al desarraigo forzado. El miedo ya no es una respuesta biológica, sino un estado permanente provocado por un sistema que me criminaliza por mi labor. Esta incertidumbre se agrava al ser una mujer soltera: la falta de una « figura protectora » tradicional me hace, ante los ojos de un Estado patriarcal, un objetivo más vulnerable y « corregible ». El exilio no es solo distancia geográfica; es la fractura emocional de perder mi red de apoyo y mi arraigo.»
«Siento con dolor una regresión sistémica. Las libertades que nuestras antecesoras ganaron —el derecho a disentir, a litigar con independencia y a ocupar espacios de poder— están siendo erosionadas. En Guatemala, este retroceso se manifiesta en una alianza de poderes que busca devolvernos al ámbito privado o al silencio. Percibo que mi libertad no solo ha sido restringida por una certificación de lo conducente, acoso y violencia digital, sino por un ecosistema global que empieza a validar el odio y la exclusión como políticas de Estado.»
«He tenido que aprender a habitar en el exilio. La autocensura se ha convertido en una estrategia de supervivencia; cada palabra escrita o pronunciada es analizada bajo el filtro del riesgo que supone para quienes aún están allá. Mi comportamiento ha cambiado: de la elocuencia en los tribunales he pasado a no ocupar más espacios donde podía denunciar públicamente actos de corrupción e impunidad.»
«Entiendo que mi vulneración no es aislada. Como abogada mestiza/urbana, reconozco que la criminalización me golpea con fuerza, pero sé que para las mujeres indígenas y defensoras del territorio, el impacto es doblemente violento por el racismo estructural. Sin embargo, todas compartimos una misma realidad: el sistema nos castiga por habernos atrevido a cuestionar la impunidad. Mi exilio es un acto de resistencia, pero también es el testimonio de que, en Guatemala, ejercer el Derecho con dignidad es, hoy por hoy, un acto subversivo.»
El caso de la abogada Lilian Virginia Laparra, ex jefa de la FECI en el departamento de Quetzaltenango, indica: «Desde el inicio de la persecución en mi contra, la vulneración de mis derechos dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una experiencia profundamente personal y cotidiana. Durante años fui objeto de amenazas, insultos y ataques misóginos dirigidos no solo a mí, sino a mi dignidad, a mi familia y a mi trayectoria profesional, por el solo hecho de haber denunciado actos de corrupción.»
«Las redes sociales fueron utilizadas como un mecanismo de hostigamiento permanente, anunciándome de forma reiterada la cárcel o el exilio, hasta limitar de facto mi libertad de expresión: aprendí que hablar implicaba exponerse a una violencia constante y desproporcionada. La persecución judicial se multiplicó en procesos abiertos en distintos juzgados, incluso incompetentes, y el ejercicio de mi derecho de defensa fue convertido en la excusa para mantenerme privada de libertad, calificándome de “peligrosa” por impugnar resoluciones y exigir garantías mínimas.»
«La prisión profundizó esa lógica de castigo y aniquilamiento personal. Fui sometida a aislamiento prolongado, restricciones severas a las visitas, condiciones indignas de alimentación y una vulneración sistemática de mi derecho fundamental a la salud. Durante aproximadamente un año dejaron que mi estado de salud se deteriorara de manera progresiva, minimizando y negando mis síntomas, acusándome de inventar malestares, hasta que fui sometida a una cirugía de emergencia en la que perdí la matriz, una forma de violencia profundamente misógina que atentó directamente contra mi vida y mi integridad. Posteriormente fui sometida a cuatro operaciones urgentes más, siempre en un contexto de atención tardía, limitada y negligente. El propio sistema de salud me advirtió que esa práctica —dejar avanzar la enfermedad— era una estrategia “eficiente” para atentar contra mi vida.»
«El impacto de este encierro y de la deshumanización vivida no fue solo físico o jurídico: desde la prisión y hasta el día de hoy, las ideas suicidas no han desaparecido, como una huella persistente del miedo, del dolor y de la destrucción deliberada de mi proyecto de vida. Denunciar estas arbitrariedades agravó aún más mi situación, con traslados a máxima seguridad, separación casi total de mis hijas y nuevas represalias.»
«Tras dos años de prisión, condenas injustas y amenazas constantes, el hostigamiento no cesó. El exilio fue la única salida para preservar mi vida, aunque significara la ruptura más dolorosa: alejarme de mis hijas, de mi familia, de mi hogar y de la vida que había construido. Así se manifiesta la vulneración de derechos: no solo encarcelando cuerpos, sino poniendo en riesgo la vida misma y quebrando, de forma deliberada, la posibilidad de seguir existiendo con dignidad.»
Mientras que la abogada Samari Carolina Gómez Díaz, ex fiscal auxiliar anticorrupción, indica lo siguiente sobre su experiencia personal: «Desde mi perspectiva personal a través de la persecución iniciada en mi contra, y que obedece al reacomodo de personajes que se auto determinan de extrema derecha, de manera injustificada se me vedó primordialmente el derecho a la libertad, al trabajo, a la libertad de expresión en distintas maneras y de forma reiterativa.»
«En Julio de 2022, cuando el Ministerio Público ejecuta la orden de aprehensión en mi contra, lo hace como un mecanismo de venganza de parte de uno de los principales sindicados dentro de un proceso en cuya investigación yo fui partícipe. Se vulneró el principio de certeza jurídica, ya que se realizaron acciones sin contar con el sustento legal que un proceso de esa índole ameritaba, lo cual vulnera el principio de certeza jurídica del que debería estar revestido cualquier proceso judicial, Desde el momento de la aprehensión, el 29 de julio de 2022, hasta el momento de mi absolución, dada en fecha 14 de junio de 2023, me mantuve privada de libertad, a través de estrategias espurias orquestadas por la fiscal a cargo del caso.»
«Esto me impidió continuar trabajando y motivó mi renuncia al puesto de Auxiliar Fiscal del Ministerio Público, institución en la que laboré por más de doce años sin haber tenido nunca una sanción disciplinaria de ningún tipo en el desarrollo de mis actividades. Ocasionó una estigmatización tanto a nivel profesional y personal pues en redes sociales se replicaron miles de veces noticias para desinformar sobre el caso y que contenían afirmaciones completamente falsas de las cuales, a pesar de haber sido absuelta, nunca existió una aclaración o rectificación de la información. Me alejaron de mi familia, pero sobre todo quebrantaron el vínculo con mis menores hijos a quienes sólo pude ver una vez por semana durante casi doce meses.»
«Derivado de esta persecución existe un proceso de limitación al derecho de libre expresión puesto que cualquier opinión que emita ocasiona reacciones de los denominados “net centers”. Ejercer mi derecho conlleva a que inicien comentarios despectivos que me tildan de delincuente. Es decir, además se vulnera el principio de presunción de inocencia contemplado en la Constitución Política de la República, a pesar de haber sido absuelta de los cargos por los cuales fui procesada.»
«El acceso al trabajo es limitado, el hecho de haber sido parte de un proceso penal constituye en sí mismo una causal por la cual empresas e instituciones públicas optan por no brindar oportunidades laborales, pese a que la hoja de vida sea buena. Al momento de litigar también existen tratos desiguales y comentarios despectivos, realizados con el objetivo de recordar la persecución vivida y la amenaza constante de ser criminalizada de nuevo.»
«A pesar de haber podido acceder a una consultoría como asesora legal de una organización no gubernamental, el trabajo en sí mismo exige un involucramiento en instituciones como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, eventualmente una exposición mediática que no puedo asumir sin sentir que seré perseguida nuevamente por cualquier opinión que pueda emitir; ello genera un clima de descontento pues no permite visibilizar el trabajo que realizo y que realiza la organización a través de mi trabajo. Consecuentemente, ha sido muy complicado para mí desarrollarme por completo en mis nuevos entornos laborales, toda vez que el miedo a la persecución nuevamente me bloquea emocional y mentalmente, no permitiéndose así estar siempre cómoda con el trabajo que realizó, con el temor de que pueden haber consecuencias en mi contra, o bien que mi proyecto de vida pueda ser interrumpido nuevamente.»
Asimismo, la abogada Paola Mishelle Escobar, ex fiscal auxiliar anticorrupción, también comparte su testimonio, indicando: «Al inicio los ataques en mi contra fueron visibles únicamente en cuentas de usuarios de Twitter (ahora X) que no se identificaban y que nos marcaban a varios de los que trabajamos en FECI como blancos. Los mensajes contenían mucho odio, me generaban estrés y me hacían pensar que estaban detrás de mí, sin tener una prueba formal., Cuando iniciaron las capturas contra otras ex funcionarias de CICIG y FECI, tuve el fuerte presentimiento que irían por mí y que yo sería de las siguientes, alterando por completo mi tranquilidad mental y emocional.»
«Cuando fui detenida, hubo faltas al debido proceso ya que no se realizó una debida motivación de la detención y se presentó una copia de la autorización judicial, en la que se indicaba que el delito era abuso de autoridad. Mi familia y amigos fueron una fuente de apoyo, ya que se apersonaron a Torre de Tribunales a expresar cariño y amigad. Sin embargo, mi proyecto de vida, estabilidad laboral y autoestima se vieron afectados, al punto en que tuve ideas suicidas (pensando que, si yo no estaba en el plano de la vida, mi familia no tendría que pasar por lo que estaban pasando en ese momento)»
«Después de ser detenida, se limitó mi derecho a la libertad y al debido proceso ya que se aplicó la prisión provisional, una figura que fue utilizada para grandes grupos de sindicados en los juzgados de Mayor Riesgo. En el proceso en mi contra éramos 3 personas detenidas y a pesar de los plazos legales, se señaló audiencia 8 días después. Hubo suspensión de audiencias injustificadas que me dejaron en incertidumbre jurídica. No estaba ligada a proceso, pero estuve detenida 21 días.»
«El resultado de la audiencia de primera declaración fue falta de mérito, pero continué sujeta al proceso a través de una medida sustitutiva, pues la falta de mérito no cierra el proceso y según el juez debía asegurarse de mi presencia. Por medio de una apelación, ordenó una Sala de la Corte de Apelaciones ligarme a proceso, y el juez me envió a prisión en el centro de detención Santa Teresa en la Zona 18, donde mi estado de ánimo y emocional se encontraba vulnerable; mi familia se preocupaba por mi seguridad. En el centro Carcelario recibí intimidaciones y amenazas por parte de las internas, extorsión disfrazada de “colaboración” mi familia en cada día de visitas era registrada de manera exhaustiva, aun mi menor hija a quien en varias ocasiones le tocaron sus partes privadas como “revisión” con la intención de que aceptara cargos de hechos que no cometí.»
«Cuando logré obtener una medida sustitutiva y salir de prisión frente a la constante vulneración de garantías procesales y derechos fundamentales, junto a mi familia optamos por el exilio. Esta situación no solo me limita a volver a mi país, me limita a presentarme en un velorio de un familiar, en el nacimiento de un bebé dentro de la familia, a celebrar bodas, cumpleaños, graduaciones, dar muestras de apoyo a mis allegados, me quita la oportunidad de ver los paisajes de mi tierra, de sentir los sabores de su arte culinario, de sentir el calor de la playa, de ver el color de la arena volcánica, de ver mis bosques, mis praderas, los cielos despejados desde mi ventana.»
«Pero mis principios y valores, así como el apoyo de mi familia me dan la fuerza para continuar y desde distintos espacios poder seguir colaborando en la lucha contra la corrupción e impunidad de Guatemala, porque estoy segura que nada es para siempre y este retroceso democrático tampoco lo será y quienes se encuentran ahorita gozando el poder que les da la impunidad algún día lo perderán y espero poder decir que yo participé colocando mi granito de arena, siempre con la esperanza puesta en Dios primero y en que las leyes de la vida indican que todo lo que se da regresa.»
La abogada litigante Joseline Jacome, quien actualmente lleva la defensa de Claudia González, y apoya en diversos casos de mujeres criminalizadas, comparte su testimonio desde su experiencia en el ejercicio legal de primera línea: «En el tema del desempeño del trabajo de abogadas, específicamente el litigio estratégico de casos de criminalización de defensoras de derechos humanos, operadoras de justicia, periodistas, se encuentran varios obstáculos para el ejercicio de la profesión, caracterizados por la brecha de género, estereotipos y ataques personales.»
«En el desarrollo del ejercicio de la defensa legal, como mujeres nos encontramos, primero, con el estereotipo de la superioridad del hombre sobre la mujer en el ejercicio del derecho y eso opera durante las audiencias, existen preferencias, favores y se le da mayor importancia a la opinión y argumentación ejercida por los colegas abogados, además que se nos denigra por nuestra edad, apariencia, voz y la forma en que nos desenvolvemos durante la audiencia, esperando que “deberíamos de encajar en un prototipo de abogado” que casi siempre tendría que ser masculinizado, implicando con ello, tratos sexistas, machistas durante las audiencias, tanto de las contra partes, como de los propios jueces.»
«Asimismo, se encuentran en los procesos penales, querellantes adhesivos que consisten en organizaciones que se identifican con posiciones de ultra derecha, y al estar incorporados al proceso, además de utilizar mecanismos legales para retrasar los procesos, interponen denuncias en contra de las abogadas defensoras y ejercen violencia psicológica, no solo durante el desarrollo de las audiencias, también ataques digitales por medio redes sociales. Lo anterior, específicamente en la red social denominada “X”, en la cual emiten publicaciones que van desde señalamientos atacando la apariencia física de nosotras las abogadas, hasta amenazas de denuncias penales y el exilio.»
Así también la abogada Claudia González Orellana, ex mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala cuenta su experiencia «Es lamentable reconocer que, si bien somos víctimas del uso indebido del sistema de justicia penal y de la persecución por motivos políticos, hay un ensañamiento particular contra las mujeres. Sufrimos discriminación, violencia de género y racismo en el espacio público. La justicia en Guatemala está plagada de fuertes prejuicios y estereotipos sexistas.»
«En el proceso personal de mujeres criminalizadas se evidencia, el acoso digital en el que los grupos de netcenters realizan mensajes denigrantes, incluso amenazas de detención, daños, vigilancia y lo más grave filtración de información reservada de los casos para intimidar antes, durante y después de la captura.»
«A esto se suma que las decisiones judiciales arbitrarias, es decir las resoluciones que sin fundamento, lógica o razonamiento en alguna norma o en la justicia, son emitidas. Un ejemplo de ello es la orden de aprehensión ejecutada el 28 de agosto del año 2023 en la cual no se indicaba el delito, por lo tanto, en el allanamiento no se sabía que evidencias “supuestamente” buscaba el MP. Así como era contradictorio buscar evidencia en el año 2023 de un hecho ocurrido en el año 2017, que consistía en firmar una solicitud de levantamiento de inmunidad en contra de una Magistrada de la Corte Suprema de Justicia por realizar tráfico de influencias, hasta el hecho de ser acusada por el delito de abuso de autoridad (el cual se aplica exclusivamente a funcionarios públicos), cuando nunca ejercí una función pública.»
«Las garantías a un juicio justo se ven violentadas desde el momento que no se respetan los plazos, por ejemplo, cada audiencia que se lleva a cabo tuvo una duración máxima de dos horas y media, luego se reprogramaba y la siguiente audiencia, por lo regular se suspendía. Se vulnera el plazo razonable, un deber elemental del Estado, en mi caso mi proceso está detenido desde hace 7 meses ya que no ha habido audiencias. Se limita el derecho a la libertad personal, ya que desde un inicio se afecta la libertad enviándonos a prisión y alargando los plazos para mantenernos en ese estado el mayor tiempo posible en mi caso 3 meses sin una justificación razonable.»
«A pesar de todo lo que ha sucedido, me quedo con aquellos hechos que me dieron alegría y esperanza, como la carta que recibí de Don Chico Palas un defensor de la vida, el agua y el territorio en Huehuetenango. En su carta de manera clara y sencilla me contó cómo pasó por un encarcelamiento injusto a sus 75 años, la claridad de su carta, su anhelo, su fé y deseo de justicia me hicieron comprender que el sentirse acompañado y que no estaba solo le ayudó en su caso, me sentí identificada y me dio mucha fortaleza. Al igual que el Poema de María Isabel Grijalva, sobre siete pasos, logré comprender que había personas que compartían esa situación tan injusta y cruel; ese poema me conmovió. Hay personas que se acercan para darme palabras de ánimo, y reconocen que este proceso penal es totalmente injusto, y eso es una fuerza interior que me permite mantenerme constante y persistente en mi objetivo: Demostrar mi inocencia.»
Del análisis integral de los testimonios, puede concluirse que existe un patrón sistemático de criminalización dirigido en contra de ex operadoras de justicia que participaron en investigaciones anticorrupción. Esto se manifiesta mediante el uso instrumental del sistema penal, caracterizado por detenciones arbitrarias, apertura de múltiples procesos, utilización extensiva de la prisión preventiva y el empleo de figuras procesales ajenas o desproporcionadas al caso concreto.
Asimismo, los relatos de las abogadas evidencian violaciones reiteradas al debido proceso y al derecho de defensa, expresadas en la ausencia de citaciones previas, la falta de información clara sobre las imputaciones, la dilación injustificada de audiencias y la intervención de jueces incompetentes o con aparentes conflictos de interés. Tales irregularidades no se presentan como hechos aislados, sino como elementos constantes que refuerzan la percepción de una justicia selectiva.
Las ex operadoras describen ataques misóginos, estereotipos sexistas en el ejercicio profesional, violencia digital y negligencia institucional frente a su salud e integridad personal, particularmente en contextos de privación de libertad. Esta dimensión evidencia que la persecución tiene un componente estructural, vinculado a patrones patriarcales que buscan disciplinar la participación de las mujeres en espacios de poder y decisión.
Las consecuencias de estas prácticas trascienden el ámbito jurídico y se proyectan sobre la vida personal, familiar y profesional de las afectadas. La pérdida del empleo, la estigmatización social, la ruptura de vínculos familiares, especialmente con hijas e hijos, la vulneración en la estabilidad económica y las afectaciones a la salud mental configuran un daño integral que compromete el proyecto de vida de las ex operadoras de justicia.
Finalmente, el exilio forzado surge como una respuesta extrema frente a un contexto de riesgo permanente, en el que permanecer en el país, se percibe como incompatible con la preservación de la vida, la libertad y la dignidad.
3. ¿Cuál es la situación actual en Guatemala con respecto a los derechos de las mujeres y la igualdad de género?
La situación de los derechos de las mujeres en Guatemala es compleja y en ocasiones contradictoria. Aunque han existido avances normativos como la creación de leyes como Ley contra el Femicidio y otras Formas de violencia contra la Mujer[28] y Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima[29], la aprobación de nuevas leyes en beneficio de las mujeres ha sido un proceso lento y con obstáculos, con muchas iniciativas de ley presentadas ante el Organismo Legislativo sin ser aprobadas [30]
Con relación a los avances institucionales existen la Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM, Juzgados especializados en Violencia contra la Mujer, el Modelo de Atención Integral para mujeres víctimas de violencia que dan atención especializada, y línea de emergencia 110 de la Policía Nacional Civil Cuyo desempeño depende de la coyuntura del país. Por lo que aún persisten las desigualdades estructurales históricas.
La situación del país continúa siendo patriarcal, continua en casos de feminicidios, discriminación laboral y social, violencia intrafamiliar lo cual refleja que la violencia contra las mujeres es una herramienta de control muy enraizado en la cultura, por lo que hasta la fecha subsisten sus efectos.
La participación de las mujeres en la toma de decisiones en Guatemala sigue siendo limitada, sin embargo, cabe resaltar que ha habido avances en la paridad dentro del organismo Ejecutivo. Actualmente, la vicepresidencia[31] la ejerce una mujer, se han nombrado 6 mujeres y 8 hombres para dirigir Ministerios de Gobierno. En los viceministerios de Estado la brecha persiste ya que se nombraron 26 hombres frente a 17 mujeres.
En el ámbito departamental, se designan 22 gobernadores con funciones de coordinación, promoción del desarrollo local y supervisión de políticas nacionales. Actualmente, 11 de estos cargos son ocupados por mujeres y 10 por hombres, quedando uno aún sin nombrar.
En los cargos de elección popular, como las alcaldías, la participación femenina se mantiene baja. De los 340 municipios del país, apenas el 3.5 % de las alcaldías están dirigidas por mujeres, evidenciando la persistencia de barreras estructurales en el acceso al liderazgo local[32].
Estos datos reflejan que, aunque se han logrado avances significativos en algunos niveles de la administración pública, todavía existen desafíos importantes para alcanzar una representación equitativa de género en la toma de decisiones en Guatemala.
De manera similar, en la elección de cargos para el Congreso de la República, las mujeres representarán aproximadamente el 20 % de las curules, cifra comparable a la de elecciones anteriores. Por ejemplo, en la legislatura 2020-2024, elegida en 2019, de los 160 diputados, 31 eran mujeres y 129 hombres, lo que equivale al 19.38 % de la composición de este.
Por otro lado, la participación femenina ha sido más constante en el Organismo Judicial, donde se observa una mayor paridad en la designación, aunque persisten desafíos relacionados con estereotipos de género y la necesidad de cuotas para lograr una representación equitativa en todos los niveles. Esto evidencia una brecha significativa que requiere tanto cambios legislativos como culturales.
En la Corte de Constitucionalidad, de los 10 magistrados, entre titulares y suplentes, el 30 % son mujeres. En la Corte Suprema de Justicia, de los 13 magistrados que la integran, el 38 % son mujeres. A nivel nacional, en las Salas de Corte de Apelaciones, el 40 % de los magistrados son mujeres.
Estos datos muestran que, aunque la presencia de la mujer en espacios públicos ha avanzado, los roles tradicionales siguen limitando su participación, restringiendo su capacidad de influir en la toma de decisiones y en la implementación de cambios estructurales en el país.
Si bien existen derechos políticos, se ve la necesidad de establecer mecanismos y reformas legales para garantizar la paridad en la elección de cargos populares.
Otro dato interesante consiste en establecer que la presencia en números sobre la participación de mujeres no es suficiente para defender los derechos de las mujeres y la población. Un ejemplo de ello es el caso de la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público que ha destruido los avances que se habían logrado para mejorar la defensa de los derechos de las mujeres. Podemos afirmar que para tener una igualdad real se requiere cambios estructurales, voluntad política y transformación cultural del patriarcado. Además de la importancia de escuchar y colocar en el centro las voces de las mujeres guatemaltecas.
4. ¿Cuál es su visión sobre la movilización local e internacional en apoyo a las personas y feministas que han sufrido violaciones de sus derechos y libertades en Guatemala?
4.1 La movilización social como mecanismo de protección y denuncia
La movilización social constituye una herramienta fundamental para romper el silencio estructural que ha perpetuado la violencia contra defensoras de derechos humanos en Guatemala. Flor de María Gálvez, defensora de derechos humanos manifiesta: “Como mujer exiliada y defensora, he experimentado personalmente cómo la visibilización colectiva puede transformarse en un escudo protector frente a la impunidad estatal.”
La denuncia pública, tanto en espacios locales como internacionales, ha demostrado ser efectiva para prevenir violaciones adicionales. Cuando una defensora criminalizada cuenta con redes de apoyo que amplifican su voz, el costo político de la represión aumenta para el Estado. Sin embargo, es crucial reconocer que el acceso a estos mecanismos de visibilización no es equitativo: las defensoras indígenas en áreas rurales enfrentan mayores barreras idiomáticas, tecnológicas y geográficas que las defensoras urbanas mestizas[33].
4.2 Acompañamiento a defensoras: redes de apoyo, protección, asilo y respaldo legal y mediático
El acompañamiento integral a defensoras criminalizadas requiere una perspectiva que atienda simultáneamente las dimensiones legal, psicosocial, económica y política de la persecución. En mi experiencia personal, las redes feministas han sido vitales para navegar los complejos procesos de solicitud de asilo, acceso a representación legal especializada y sostenimiento económico en el exilio.
Organizaciones como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) han desarrollado modelos de protección que reconocen las particularidades de la violencia de género contra defensoras[34]. Estas iniciativas comprenden que la persecución contra mujeres no solo busca silenciar su trabajo, sino también castigarlas por transgredir los roles de género socialmente asignados.
El respaldo legal debe ser culturalmente pertinente. Las defensoras indígenas frecuentemente enfrentan criminalización por defender territorios ancestrales, y su representación legal debe incorporar el derecho indígena y los convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT[35]. Lamentablemente, el sistema de justicia guatemalteco raramente reconoce estas especificidades, perpetuando discriminación interseccional.
El acompañamiento mediático también presenta desafíos diferenciados. Mientras que algunas defensoras urbanas pueden articular sus denuncias en español y acceder a medios de comunicación masivos, las defensoras indígenas enfrentan barreras idiomáticas y racismo institucional que limita la cobertura de sus casos. Es imperativo que las estrategias de comunicación incorporen idiomas mayas y plataformas comunitarias, no solo medios hegemónicos[36].
El exilio genera nuevas formas de vulnerabilidad que requieren acompañamiento sostenido. La separación familiar, la pérdida de redes comunitarias, las dificultades para ejercer la profesión en contextos migratorios y el trauma acumulado demandan apoyos psicosociales con enfoque de género y trauma[37].
4.3 Capacidad Organizativa y Resistencia Histórica: Articulación entre Mujeres Urbanas, Rurales e Indígenas
La resistencia de las mujeres guatemaltecas tiene raíces históricas profundas que anteceden las categorías contemporáneas de « feminismo » o « defensa de derechos humanos ». Las mujeres indígenas sobrevivieron el genocidio perpetrado durante el conflicto armado interno desarrollando estrategias colectivas de protección, memoria y reconstrucción comunitaria[38].
Esta memoria histórica nutre la capacidad organizativa actual. Movimientos como la Alianza de Mujeres Rurales por la Vida, la Tierra, la Justicia y la Democracia demuestran cómo las mujeres campesinas e indígenas articulan luchas por territorio, soberanía alimentaria y justicia de género desde epistemologías propias[39]. Sin embargo, la articulación entre mujeres urbanas, rurales e indígenas enfrenta tensiones no resueltas.
El feminismo guatemalteco urbano, frecuentemente liderado por mujeres mestizas con acceso a educación universitaria, no siempre ha reconocido las epistemologías y prioridades de las mujeres indígenas.
Las mujeres indígenas organizadas han cuestionado legítimamente la imposición de agendas feministas que no dialogan con sus cosmovisiones. La dualidad complementaria maya, por ejemplo, propone comprensiones del género que no necesariamente se alinean con los feminismos occidentales[40] La articulación genuina requiere humildad epistémica: reconocer que las mujeres urbanas mestizas no son las únicas productoras de conocimiento válido sobre opresión y resistencia.
4.4 Articulación entre lo local y lo global: conexiones, aprendizajes y desafíos
Las luchas feministas guatemaltecas están profundamente conectadas con movimientos globales, pero esta conexión presenta tanto oportunidades como riesgos. El sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, ha sido una herramienta importante para visibilizar violaciones que el Estado guatemalteco niega sistemáticamente. Sin embargo, el acceso a estos mecanismos internacionales está marcado por desigualdades[41].
No obstante, la internacionalización de las luchas también conlleva el riesgo de desconexión con las realidades locales. Los marcos de derechos humanos, aunque valiosos, frecuentemente emplean lenguajes técnicos y procedimientos burocráticos que resultan ajenos para comunidades rurales e indígenas. Existe el peligro de que las defensoras « internacionalizadas » nos convirtamos en intermediarias que extraen testimonios sin redistribuir poder o recursos hacia las bases comunitarias.
Un aprendizaje fundamental ha sido comprender que la solidaridad internacional efectiva debe estar arraigada en las prioridades definidas por las propias comunidades afectadas, no en agendas impuestas desde el Norte global.
Desde la posición situada como mujeres, mestizas, urbanas y profesionales del derecho, reconocemos que nuestro acceso a redes internacionales está facilitado por privilegios de clase, raza y educación que muchas defensoras indígenas no poseen. Esta conciencia debe traducirse en responsabilidad: utilizar los espacios internacionales para visibilizar las luchas de quienes enfrentan opresiones interseccionales más severas.
Un aprendizaje doloroso pero necesario es que la movilización internacional, por sí sola, no detiene la represión estatal. A pesar de múltiples pronunciamientos de organismos internacionales, el Estado guatemalteco continúa criminalizando defensoras. Esto evidencia los límites del derecho internacional cuando los Estados priorizan la protección de élites corruptas sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Finalmente, la articulación entre lo local y lo global debe nutrirse de esperanza crítica. Las mujeres guatemaltecas hemos resistido genocidio, dictaduras, conflicto armado interno y postconflictos violentos. Nuestra capacidad de resistencia no proviene únicamente de marcos legales internacionales, sino de memorias ancestrales, espiritualidades propias y vínculos comunitarios que ningún Estado puede destruir completamente.
5. ¿Qué debería mejorar la comunidad internacional, y en particular los movimientos de la sociedad civil, para poder apoyarle mejor?
Las respuestas que se exponen a continuación recogen las valoraciones de las mujeres ex operadoras de justicia respecto a las acciones que, a su juicio, la comunidad internacional y la sociedad civil deberían mejorar para garantizar una protección efectiva frente a los procesos de criminalización y persecución:
5.1 Identificación temprana del riesgo y prevención
En cuanto a la identificación temprana del riesgo y la prevención. Las abogadas han manifestado preocupación por la falta de mecanismos para identificar casos de mujeres que se encuentren en riesgo de criminalización antes de que ocurran hechos graves como lo es una detención arbitraria.
Respecto a este tema, Eva Siomara Sosa establece “Tanto las organizaciones de sociedad civil, como las organizaciones internacionales, deberían tener la capacidad de identificar qué mujeres se encuentran en riesgo, para prevenir y ofrecerles apoyo desde que se encuentran en su país.”, siendo que la abogada también indica que es importante recibir un asesoramiento previo respecto a las medidas o mecanismos de protección y seguridad que pueden ser tomados por una mujer que está siendo criminalizada, y que no ha sido detenida.
5.2 Necesidad de un acompañamiento continuo
Respecto a la necesidad de un acompañamiento oportuno y continuo, las mujeres del colectivo han manifestado que es imperante que exista mayor atención en el acompañamiento, toda vez que, si bien las organizaciones son un gran respaldo al momento en que suceden los hechos de criminalización, puede tener un mayor impacto positivo si existe un acompañamiento previo, y posterior.
En cuanto al tema, la abogada Siomara Sosa manifiesta “…posteriormente a mi detención recibí acompañamiento de varias organizaciones…, sin embargo, no tenía un asesoramiento previo que me permitiera estar preparada…”.
Asimismo, la abogada Virginia Laparra comparte otra perspectiva del tema: “…el acompañamiento de la comunidad internacional necesita ser más humano, cercano, constante y eficaz, además del inevitable acompañamiento reactivo…”, siendo que de lo anterior se puede establecer que el acompañamiento no debe únicamente limitarse a pronunciamientos públicos o reacciones cuando la crisis ya estalló.
Un acompañamiento humano supone estar presentes de forma continua, antes, durante y después, especialmente en momentos clave como audiencias, decisiones judiciales o coyunturas políticas sensibles.
5.3 Soporte integral más allá de lo jurídico
Si bien como se menciona en el párrafo anterior, el auxilio legal constante es esencial, también hay otros factores de suma importancia como lo son el respaldo psicológico, no solo a las mujeres víctimas directas, sino también a su familia. En cuanto a este tema la abogada Samari Gómez indica: “Asimismo, el apoyo debe ser integral ya que cuando una mujer es víctima también lo son sus hijos, sus padres, su círculo más cercano…”, postura que comparte Virginia Laparra, quien establece: “Se necesita… apoyo psicosocial…, y cuidado de nuestra seguridad, incluida la digital.”.
Y como finalmente lo establece Paola Escobar indicando que “…la comunidad internacional y sociedad civil, pueden proporcionar asistencia psicológica, médica a las mujeres criminalizadas, ya sea las que se han quedado, como las que han salido al exilio, pero también incluyendo a sus familias, pues son víctimas colaterales…”.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que toda manera de ayuda es importante, desde la oportunidad de poder expresarse en espacios públicos para contar su testimonio y crear redes de contención, hasta recibir terapia psicológica o psiquiátrica personal, y de preferencia también familiar. Toda vez que existen técnicas de regulación emocional y manejo de estrés, terapias de procesamiento, y técnicas de acompañamiento grupal, las cuales pueden ser de gran auxilio para sobrellevar la situación.
5.4 Reconstrucción del proyecto de vida
La criminalización, la persecución penal, la prisión y el exilio causan una ruptura grave en la vida de las mujeres afectadas. Siendo que no se resume únicamente a la pérdida temporal de las libertades o el ejercicio de derechos, sino de la interrupción en las trayectorias personales, profesionales, familiares, económicas y sociales que se habían construido a lo largo de toda la vida. La identidad queda profundamente afectada y reconstruir el proyecto de vida resulta un reto grandísimo para las mujeres víctimas de la criminalización.
La comunidad internacional y la sociedad civil pueden desempeñar un papel importantísimo en la reconstrucción del proyecto de vida. Implicado esto no solo atender necesidades inmediatas y de emergencia, sino también las consecuencias a mediano y largo plazo tal como lo puede ser la perdida de fuente de ingresos, su reconocimiento profesional y su red de apoyo. Por tanto, el apoyo a la reconstrucción del proyecto de vida puede incluir oportunidades concretas para la reinserción laboral, o bien el desarrollo de proyectos, emprendimientos, consultorías, fellowships, entre otros, de manera que, en conjunto con un acompañamiento psicosocial la experiencia de vida pueda ser resignificada. Respecto a este aspecto, la abogada Samari Gómez comenta: “…poder retomar la vida después de estos acontecimientos se torna extremadamente difícil.”, y en el mismo sentido Paola Escobar establece: “…apoyarle con proyectos donde pueda poner en práctica sus habilidades y conocimientos adquiridos…”
Finalmente, a partir de las valoraciones expuestas, se puede concluir que la colaboración de la sociedad civil y de la comunidad internacional resulta fundamental en los casos de mujeres criminalizadas, en particular en aquellos analizados a lo largo del presente documento. No obstante, dicha colaboración puede fortalecerse para incrementar su efectividad, principalmente mediante la implementación de mecanismos de prevención que no se limiten únicamente a las mujeres, sino que también incluyan a sus familias. Estos mecanismos deben sustentarse en un acompañamiento integral que se brinde antes, durante y después de cualquier suceso, garantizando en todo momento el respeto a la dignidad humana en cada uno de los procesos que se lleven a cabo.
[1] Por ejemplo, se mantienen los roles de género tradicionales que relegan a las mujeres al ámbito doméstico limitando su educación y participación en otros ámbitos públicos. No existiendo representación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones para garantizar la presentación de mujeres en la política. Guatemala enfrenta altos índices de violencia contra mujeres y niñas, con problemas de impunidad y una respuesta estatal a menudo insuficiente, lo que evidencia la brecha entre la ley y su aplicación efectiva ya que las denuncias recibidas por el delito de violencia contra la mujer, durante la administración de Porras, únicamente el 3.73 % concluye en una sentencia. Es decir, existe una tasa de impunidad para delitos de violencia contra la mujer del 96.27%, datos obtenidos de la evaluación del MP durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras.
[2] CEH (1999). «Causas y orígenes del enfrentamiento armado interno». Guatemala, memoria del silencio. Guatemala: UNOPS. Pág. 82, No. 8
[3] Caso de las mujeres Achí de Rabil, Caso Sepur Zarco.
[4] Parte de la contribución para preservar la memoria histórica de la violencia política y graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron en Guatemala, se elaboraron dos informes de comisiones de la verdad; el primero realizado por parte de la Iglesia Católica: “Guatemala, nunca más” proyecto realizado de 1994 a 1998 y “Guatemala: memoria del silencio” elaborado por parte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico entre 1994 y 1999. En ambos informes se dieron a conocer los impactos de la violencia que se dieron durante el conflicto armado, llegando a concluir que casi el 93% de los casos documentados fueron responsabilidad de agentes del Estado. Asimismo, se determinó la existencia de estructuras de inteligencia militar utilizadas como forma de control social durante el enfrentamiento armado, el cual contaba con apoyo de grupos de poder económico y político.
[5] https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2018/03/28082007_Ratificacion_CICIG.pdf
[6] Artículo 1, inciso c). disponible en https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo.pdf
[7]https://www.wola.org/es/analisis/los-hechos-el-legado-de-la-cicig-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-guatemala/
[8] Este fue reformado por el acuerdo número 98-2011 de fecha 13 de octubre de 2011 reforma a su vez, por el acuerdo 18-2012 de fecha 29 de febrero de 2012 y finalmente el acuerdo 59-2019 de fecha 21 de agosto de 2019,
[9] Caso la Línea: A juicio Expresidente Otto Pérez y Exvicepresidenta Roxana Baldetti. Consultado en: https://www.cicig.org/casos/caso-la-linea/
[10] https://www.cicig.org/casos/caso-exmagistrada-blanca-stalling/
[11] Álvaro Colom (2008-2012): En 2018, la CICIG, junto con el Ministerio Público, presentó cargos de corrupción contra el expresidente Colom y varios miembros de su gabinete, la investigación concluyó que se habrían desviado fondos públicos para un proyecto de transporte urbano, conocido como Transurbano, bajo condiciones ilegales. Otto Pérez Molina (2012-2015): La CICIG tuvo un papel crucial en la investigación en contra del expresidente Otto Pérez Molina, quien renunció en 2015 debido a un escándalo de corrupción conocido como el caso « La Línea ». Este caso involucró una red de sobornos en las aduanas del país. Pérez Molina, junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti, fue acusado de liderar esta red de corrupción. El trabajo de la CICIG, junto con el Ministerio Público, permitió que se investigara, procesara y finalmente encarcelara a Pérez Molina y varios de sus colaboradores.
[12] https://www.cicig.org/casos/caso-jueza-carol-patricia-flores-polanco/ y https://www.cicig.org/casos/caso-jisela-reinoso/
[13] Acuerdo 6-2009 de fecha 18 de mayo de 2009. http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20de%20leyes/2009/pdfs/acuerdos/A006-2009.pdf
[14] Jueces a cargo de importantes casos penales en Guatemala, denuncian persecución, amenazas y vigilancia en su contra. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/22/jueces-guatemala-denuncian-persecucion-amenazas-vigilancia-orix
[15] El entonces presidente Jimmy Morales e integrantes de su familia fueron también investigado, por lo que anunció la no renovación del mandato de la CICIG alegando “…que, dado que la CICIG ha estado en el país por más de 10 años, ha sido tiempo suficiente para que « haya cumplido los objetivos fundamentales » del acuerdo del gobierno de Guatemala con Naciones Unidas que le dio origen en 2007”
[16]https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-lobby-anti-cicig-cinco-revelaciones-de-la-investigacion-de-nomada/
[17] https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/InformeLegadoJusticia_SI.pdf
[19] La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) fue constituida en el año 2013 como una entidad de derecho privado, no lucrativa, apolítica, no partidista con fines de proyección social y asistencia humanitaria, se encuentra debidamente inscrita en el Registro Informático de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación en la partida número veinticinco (25) folio veinticinco (25) del libro uno (1) de Fundaciones.
[20] Supervisión de Tribunales pide tramitar denuncia contra Juez Gálvez, pese a desistimiento. Disponible en: https://lahora.gt/nacionales/wpcomvip/2017/07/12/supervision-tribunales-pide-tramitar-denuncia-juez-galvez-pese-desistimiento/
[21] En el marco de elección de magistrados de Corte de Apelaciones surgió el caso Comisiones paralelas 2020, en el cual la FECI del Ministerio Público, inicio una investigación en la cual varios funcionarios en el período de febrero 2020 mantuvieron comunicación permanente (visitas, mensajes y llamadas telefónicas) con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara para estar incluidos en la nómina final remitida al Congreso de la República el cual debía elegir a Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones.
[22] Expediente número 1169-2020
[23] https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202020/Informe-Suspenden%20elecci%C3%B3n%20de%20magistrados%202019-2024%20en%20el%20Congreso.pdf
[24] Antes de ser funcionario del Ministerio Público, fue portavoz de la Corte Suprema de Justicia y secretario de Fortalecimiento Judicial y Cooperación del Organismo Judicial. Además, figuró entre los candidatos propuestas al presidente Alejandro Giammattei para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad
[25] https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/presidente-alejandro-giammattei-elige-a-consuelo-porras-como-fiscal-general-por-cuatro-anos-mas-breaking/
[26] Información Cuantitativa de Casos de Criminalización de exoperadores de Justicia en Guatemala. Abogados Sin Fronteras Canadá. 12 de agosto de 2024
[27] Con 16 años de estar laborando en el Ministerio Público, ingrese como pasante en el 2004 en la Fiscalía de Sección de Delitos Contra la Vida y la Integridad de la Persona, donde tuve la mayor parte de formación en temas de investigación criminal, durante ese tiempo luché por estudiar e ir avanzando en la carrera fiscal, por lo que ascendí a Auxiliar Fiscal 1 en 2012, Auxiliar Fiscal 2 en 2017, Agente Fiscal en 2021, en cada día entregaba todo mi esfuerzo por hacer bien mi trabajo, de manera honesta, limpia y al servicio del usuario.
[28] En el año 2008
[29] Decreto 21-2016
[30] Iniciativa 5395 sobre la Ley de Identidad de Género, tuvo dictámenes desfavorables de 3 comisiones. Iniciativa de Ley 5272 Ley para la Protección de la vida y la Familia después de 3 años y medio fue vetada por el presidente Alejandro Giammattei; Iniciativa 4963 Ley Reguladora del Trabajo en casa particular tuvo dictamen desfavorable, Iniciativa 4981 que ratificaba el Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la OIT no paso del segundo debate. Entre otras 30 propuesta de leyes presentadas.
[31] La primera fue Roxana Baldetti Elías, 2012-2015
[32] https://www.tse.org.gt/comunicacion/publicaciones/varios/adjudicacion-de-las-corporaciones-municipales
[33] Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. (2012). Territorios, actores, conflicto y dinámica económica en territorios indígenas de Guatemala. AVANCSO.
[34] Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. (2015). Violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica: Informe 2012-2014. IM-Defensoras.
[35] Macleod, M. (2011). Luchas político-sexuales en y más allá del movimiento de mujeres en Guatemala. Desacatos, (35), 83-98.
[36] Sieder, R., & Sierra, M. T. (2011). Acceso a la justicia para las mujeres indígenas en América Latina. CMI Working Papers
[37] Consorcio Actoras de Cambio. (2020). Análisis de contexto: Situación de defensoras de derechos humanos en Guatemala durante la pandemia COVID-19. Actoras de Cambio.
[38] Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (1999). Guatemala: Memoria del silencio. CEH
[39] Tzul Tzul, G. (2018). Sistemas de gobierno comunal indígena: Mujeres y tramas de parentesco en Chuimeq’ena’. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas.
[40] Cabnal, L. (2010). Feminismos diversos: el feminismo comunitario. ACSUR-Las Segovias
[41] Rodríguez Ruiz, M., & Maira Vidal, M. (2017). El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Transformaciones y desafíos. Revista de Derecho, 30(47), 51-76.
*Claudia González Orellana es una abogada guatemalteca comprometida desde hace más de veinticinco años con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Ha trabajado en organizaciones emblemáticas como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la Fundación Myrna Mack y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), donde ha contribuido a investigaciones contra altos cargos públicos. Tras defender a juristas criminalizados por su labor en favor de la justicia, ella misma fue objeto de un proceso penal en un contexto denunciado por numerosas organizaciones como una forma de represalia por su compromiso.
Flor de María Gálvez Álvarez es una abogada guatemalteca y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien se encuentra en el exilio desde marzo de 2022 debido a la criminalización, amenazas y acoso en su contra por su labor investigando casos de corrupción.
Eva Siomara Sosa Pérez est une ancienne procureure guatémaltèque spécialisée dans les enquêtes contre la corruption et l’impunité. Au cours de sa carrière au sein du ministère public, elle a travaillé sur des affaires liées à des structures criminelles et à des acteurs politiques influents. Après avoir quitté ses fonctions, elle s’est engagée publiquement à dénoncer les poursuites judiciaires contre les acteurs de la justice au Guatemala, devenant ainsi une voix importante dans la défense de l’État de droit et de l’indépendance judiciaire.
Samari Carolina Gómez Díaz es una abogada y exfiscal guatemalteca que trabajó durante más de doce años en la Fiscalía, en particular en las unidades especializadas contra el blanqueo de capitales y en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Participó en investigaciones sobre casos de corrupción y delincuencia organizada. Detenida y encarcelada durante más de diez meses en condiciones difíciles, a pesar de la presentación de elementos de defensa, su caso es considerado por numerosas organizaciones como emblemático de la criminalización de las personas que han luchado contra la impunidad en Guatemala.
Joseline Jácome es una abogada guatemalteca que ha ejercido en el ámbito de la justicia penal, en particular defendiendo a varias exfiscales criminalizadas. Su trayectoria profesional se inscribe en el contexto de las reformas y los esfuerzos por reforzar el Estado de derecho en el país. Es una de las juristas que han denunciado procedimientos judiciales y actos de acoso considerados represalias por su trabajo, lo que ilustra los riesgos a los que se enfrentan las operadoras de justicia comprometidas.
Paola Escobar es una jurista guatemalteca que ha ejercido como fiscal en unidades especializadas encargadas de investigaciones complejas, en particular en materia de corrupción. Ha contribuido a investigaciones dirigidas contra estructuras de poder político-económicas, en un contexto marcado por fuertes tensiones institucionales. Posteriormente, se enfrentó a procesos judiciales y presiones que fueron denunciados por organizaciones de defensa de los derechos humanos como parte de un proceso de criminalización de los actores del sistema judicial.
Dulce Daniela González Santos es una estudiante de derecho que apoya a abogados defensores en su lucha de defensa de personas criminalizadas.
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